Synthèse factuelle
En Argentina, la fiscalización tributaria está regulada principalmente por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que tiene la facultad de verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Según la normativa vigente, los contribuyentes deben conservar toda la documentación respaldatoria de sus operaciones durante un plazo mínimo de diez años a partir del cierre del ejercicio fiscal correspondiente. Esta documentación incluye facturas, recibos, libros contables, contratos y cualquier otro comprobante relacionado con sus actividades económicas. La conservación es obligatoria para permitir eventuales inspecciones, auditorías o requerimientos por parte de la AFIP. La fiscalización puede realizarse mediante inspecciones presenciales o solicitudes de documentación electrónica. En caso de incumplimiento, se aplican sanciones que pueden incluir multas y ajustes impositivos. La normativa aplicable se encuentra detallada en el Código Tributario Argentino y en las resoluciones emitidas por la AFIP. En Buenos Aires, la jurisdicción competente para estos procedimientos es la Administración Federal de Ingresos Públicos con sede local. Los costos asociados a la conservación documental incluyen gastos administrativos y de archivo, mientras que la fiscalización no genera costos directos para el contribuyente, salvo en caso de sanciones derivadas de irregularidades detectadas.